¿Vamos hacia un Estado de Terrorismo Mundial?
En un cable de
hoy de AFP, podemos leer:
“Un subcomité de
la Cámara de Representantes estadounidense aprobó este jueves dos proyectos de
ley republicanos, uno que pide que la lucha contra el narcotráfico mexicano sea
elevado a antiterrorismo, y otra para cortar fondos a la OEA si no actúa contra
Venezuela y Nicaragua. Ambos proyectos fueron aprobados en el subcomité sobre
América Latina del Comité de Relaciones Exteriores, que ahora deberá aprobarlos
a su vez y luego elevarlos al pleno de la Cámara”.
En texto claro; comienza la conspiración
hacia el campo del ALBA, principalmente contra Venezuela pero también contra el
gobierno sandinista, sabiendo la CIA y el Pentágono que tumbar estos dos
gobiernos no podrán por el respaldo popular que tienen, confirmado el 6 de
noviembre cuando los sandinistas arrasaron en las urnas con la oposición progringa.
Pero hay más:
En otro cable hoy, desde Bogota y el diario El
Espectador, éste medio transmite declaraciones de John Jairo Velásquez Vásquez,
temido ex jefe de los sicarios del Cartel de Medellín, que en una entrevista
con periodistas de la emisora Radio Caracol, desde una cárcel en el
departamento colombiano de Boyacá, “reveló
que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega y los mandatarios cubanos, Fidel
y Raúl Castro colaboraron con los capos del narcotráfico en Colombia”. El
otrora mano derecha del capo Pablo Escobar Gaviria aseguró que el Cartel de
Medellín necesitaba la colaboración de La Habana para poder colocar sus
cargamentos de cocaína en Miami, uno de los principales mercados de la droga.
¿Porqué sale esa declaración hoy, cuando el
peor matón de los matones colombianos lleva más de 20 años en la cárcel no ha dicho nada sobre ese tema antes? ¿Una coincidencia que estas dos noticias con un hilo común salen hoy?
En casi toda America
Latina han sido aprobadas o están por aprobarse nuevas legislaciones llamadas “antiterroristas”
pero que tiene el común que están presionados tanto por el Departamento de
Estado como el Fondo Monetario Internacional&GAFI (Grupo de Acción
Financiera Internacional), uno de los organismos de la órbita del Fondo Monetario
Internacional, potenciados luego de la declaración de guerra “al terrorismo”
por parte del gobierno de los EE.UU. como caracteriza el Partido Comunista de
Argentina en un su rechazo a la nueva ley antiterrorista en Argentina.
En continuación,
tres declaraciones, textos y comunicado desde Argentina donde los organismos de
derechos humanos y el movimiento popular rechazan la ley 26.268 como “una rémora de los tiempos de las “relaciones carnales” con el
imperialismo norteamericano”. Es la misma ley que el Poder Ejecutivo envió
el 13 de octubre al Parlamento.
¿Será que la
presidenta Cristina Kirchner no sabe que el Imperio esta intentando de desarmar
y convertir la nueva organización CELAC a un tigre sin dientes?
Dick Emanuelsson
Tegucigalpa, en donde el Congreso Nacional la semana pasada aprobó una nueva “Ley Escucha”.
Tegucigalpa, en donde el Congreso Nacional la semana pasada aprobó una nueva “Ley Escucha”.
Si pudiera contagiar preguntas
Silenciate o en
cualquier momento serás “terrorista”
Por Ingrid Storgen
Qué explicación podrán dar los aliados K (Kirchner)
ante semejante evidencia? ¿Todavía se cree que Washington tiene amigos, que
medidas como estas pueden causar algún reconocimiento de la casa blanca?
¿No demostró la
historia cantidad de veces que no es poniéndonos de rodillas como conseguiremos
lo que nos pertenece?
Esta
Ley tendrá alcance para el campo popular.
Nadie me explicó
a qué le llaman terrorismo.
En Colombia el
Terrorismo de estado llama terrorista al campo popular movilizado con ideas o
con armas, harto de fosas comunes, de falsos positivos, de expulsión
de las tierras de los pueblos originarios, del hambre y la miseria, de
atragantarse con glifosato y de ver nacer niños con malformaciones cuando
tuvieron la "suerte" de no ser abortados. De masacres estatales.
En Honduras son
"terroristas" los que repudian el golpe de estado que ensangrentó el
pueblo.
En Libia era
"terrorista" Gadhafi y masacraron al pueblo libio. Y filmaron su
linchamiento como si fuera un acto de justicia.
Era
"terrorista" el pueblo afgano.
Lo era también el
pueblo iraquí.
Próximamente
Siria será "terrorista". O Venezuela, tal vez Cuba.
Fue
"terrorista" el pueblo sandinista, el Farabundo Martí, en Guatemala
hubo miles de desaparecidos bajo el rótulo de "terrorismo"
¿Quién será, en
Argentina, el terrorista?
Ya hubo treinta
mil tildados de ello ¿irán por más?
Víctimas del terrorismo de estado argentino en la década de 70-80. |
UNA LEY ANTITERRORISTA ES CONTRA EL PUEBLO,
compañerxs!!!!!!!! A ver si sacudimos el alma para racionalizar esta evidencia
que de tan clara lastima la vista.
Creo que los
aliados K que tanto se espantaron frente a lo que fue realmente espantable en
otras tierras, deberían manifestar su repudio a esta Ley Antiterrorista irracional.
De la misma
manera que deben hacerlo los que no lo fueron pero respetaron la decisión
popular.
Esta ley es un
atentado al pueblo y a sus convicciones, el silencio bajo el argumento de
"no desestabilizar" será cómplice de lo que pueda suceder.
De momento, los
que aman la paz, los que se espantan frente al espanto, los que se preocupan
porque no se habla de lo que debería hablarse, están callados. Tal vez estén
buscando argumentos para presentarla con moñito en un paquete de
regalo, justificando lo injustificable porque el modelo no debe alterarse y el
mal menor es la panacea para calmar los dolores del pueblo.
¿SERÁ TERRORISMO GRITAR QUE no queremos
la judicialización de la protesta social que reacciona con el malhumor de
quien siente que le pisan un callo?
¿Será terrorista
quien diga que un trabajador no debe, bajo ningún concepto, pagar impuesto a
las ganancias como está pagando hoy?
¿O será
terrorista quien diga que un anciano, en Argentina, no puede vivir con $1460
(equivalentes a unos U$ 350 en un país donde la canasta básica (por no
mencionar las medicinas) superan ampliamente esos valores.
Un alquiler de
vivienda, en Argentina, lo mínimo que cuesta es $ 1000. Muchos jubilados nunca
accedieron a su propia vivienda. ¿Serán los próximos terroristas cuando salgan
a manifestar?
¿Terroristas? Mujeres piqueteros, reclamando pan, trabajo y justicia. |
WASHINGTON Y SUS ALIADOS EUROPEOS NO
conocen el término amistad, no son agradecidos, no es subordinándose a sus
designios que quedarán los pueblos excentos del odio irracional.
¿¡Caramba, que
nos pasa que el repudio se vuelve parcial y tenemos vista de águila tuerta!?
Hablemos mientras
estamos a tiempo, luego será tarde, hoy la tercera persona -mujer- en línea de
mando es AGENTE DEL SIONISMO y promete ser rígida con Irán por el atentado
monstruoso que se cometió contra la AMIA -mutual israelita en Argentina- dando
por hecho que el ataque lo realizó ese estado.
Pero nada dicen
sobre el atentado a la embajada de Israel porque sabe muy bien que pasó allí.
Fue liberado ante
el silencio de muchos un hombre, bajo cuyo mandato -además de entregarse el
país- desaparecieron un pueblo entero, que quedó reducido a cenizas para
tapar la evidencia de los excesos que se cometieron en ese pueblo. Hablo de
Menem, hoy senador por el kirchnerismo.
NO QUIERO TUMBAR A UN GOBIERNO que tuvo
muchos aciertos, pero grafico a esos aciertos como el árbol que nos impide ver
el bosque.
Y el bosque está
ahí, convertido en Ley que aplicará todo su rigor contra quienes no lo merecen.
Monsanto seguirá
contaminando, ¿a quien se le ocurriría llamar a eso terrorismo?
Las mineras
seguirán explotando montañas a cielo abierto, pero pagan muy bien a sus
trabajadores que irán muriendo a destiempo. Dirán luego "antes de morir
tuvieron plata". Las mineras no son terroristas ecológicas aunque sean
genocidas.
Y así podemos
mencionar montones de empresas, tampoco serán terroristas los que expulsan a
los hermanos Qom o a los mapuches, sino todo lo contrario: los terroristas
serán ellos.
Si esta ley no
nos subleva, no nos indigna, si no sentimos que el alma se nos rompe en pedazos
frente a una evidencia tan evidente, tal vez ya estamos domados...
Por mi parte me
sigo resistiendo y repudio a esta ley desde lo más profundo de mis vísceras
porque las cosas tienen nombre y hay que ubicarlas en el lugar que
corresponden.
Si somos o pretendemos ser justos en
serio.
Llegar al poder por amplio consenso
no nos convierte en inimputables. Ese
beneficio lo tienen los insanos.
Y estas leyes antiterroristas
firmadas en democracia son producto de insanias…
No decirlo, también.
¿Qué consecuencias traerán las legislaciones Made In USA para la integración latinoamericana y el nuevo organismo CELAC? ¿Y son compatibles? Kristina con Chavez en la Casa Rosada. |
En 2005 Y 2007 Argentina votó tres Leyes Antiterroristas
Por pedido de Washington, sale la cuarta ley antiterrorista
Por EMILIO MARÍN
Con
un apuro digno de mejor causa, está previsto que el Congreso apruebe la llamada
“ley antiterrorista”. Como las tres anteriores, fue fogoneada por Estados
Unidos y el GAFI. ¿Recompensa? Mantener asiento en el G-20.
El ex presidente Néstor Kirchner tuvo
grandes aciertos políticos nacionales e internacionales, caso de los derechos
humanos y la sepultura del proyecto ALCA en Mar del Plata, respectivamente.
Pero la visión de la historia debe ser
multilateral. Bajo su gobierno la Argentina aprobó tres leyes antiterroristas
urgidas por la presión norteamericana, que a su vez había logrado poner bajo su
dirección a las potencias europeas. Los atentados terroristas del 11 de
setiembre de 2001 fueron el marco propicio para que el imperio lanzara guerras
en Asia, además de amputar derechos democráticos dentro y fuera de casa. La
Patriot Act fue un caso de puertas adentro, para fascistizar un modelo de por
sí poco democrático. Y las leyes antiterroristas fomentadas en el mundo fueron
parte de esa campaña internacional para sacrificar libertades en un altar
mentiroso.
En marzo de 2005 se aprobaron dos leyes
de ese cuño y en junio de 2007 hubo otra. Esta columna criticó: “Esta es la
tercera ley del mismo palo aprobada por la administración K. Las otras dos, con
el mismo origen bushista, se aprobaron en marzo de 2005. Una habilitaba la
aplicación en nuestro país de la Convención Interamericana contra el
Terrorismo, hecha suya por la OEA en Bridgetown, Barbados, el 3 de junio de
2002. La segunda convalidaba el Convenio Internacional para la Represión de la
Financiación del Terrorismo, votado por la ONU el 9 de diciembre de 1999” . (“La administración
Bush da sus felicitaciones pero pide otras leyes y concesiones”, LA ARENA,
21/06/2007).
Allí se advertía que la tercera ley
antiterrorista no agotaría la presión estadounidense. Lamentablemente fue
cierto, porque hoy la Cámara de Diputados va a debatir una cuarta. Cambió el
presidente estadounidense pero sigue la misma política y el Grupo de Acción
Financiera Internacional sigue fogoneando leyes de ese perfil.
Lo primero que surge es que el imperio
fuerza ese tipo de legislaciones y la administración kirchnerista lo acepta,
con algunas demoras pero acepta. La última vez, en 2007, el GAFI había
emplazado a aprobarla antes del 23 de junio, cuando hacía una reunión en París.
Y sobre el filo del ultimátum, el 13 de junio, los diputados alzaron sus manos.
Ahora volverían a hacerlo.
Ese núcleo financiero mundial no alcanza
a definir qué es el terrorismo. No son dificultades de interpretación ni
semánticas. Es un problema político: para muchos en el mundo, el principal
terrorista es el estado norteamericano. “Bush, fascista, vos sos el terrorista”
se le cantaba al texano por lo de Irak y Afganistán. Barack Obama hizo méritos
para oír el mismo canto, por continuar allí y por bombardear Libia. Por eso el
GAFI no define qué es terrorismo.
In crescendo
La
ley Nº 26.268 promulgada
el 4 de julio de 2007 (justo en el “Día de la Independencia” del patrocinante)
incorporó al Código Penal el capítulo VI sobre “asociaciones ilícitas
terroristas y financiamiento del terrorismo”. El artículo 213 ter estableció:
“se impondrá reclusión o prisión de CINCO (5) a VEINTE (20) años al que tomare
parte de una asociación ilícita cuyo propósito sea, mediante la comisión de
delitos, aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una
organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. Entre
los rasgos de esa agrupación, enumeraba: “Tener un plan de acción destinado a
la propagación del odio étnico, religioso o político”. Y el articulo 213 quáter
fulminaba con “reclusión o prisión de 5 a 15 años al que recolectare o proveyese
bienes o dinero, con conocimiento que serán utilizados para financiar a una
asociación ilícita terrorista”.
Muchos organismos de derechos humanos,
como el Centro de Estudios Legales y Sociales, que defiende lo actuado por el
gobierno en materia de derechos humanos –y quizás por eso mismo- cuestionaron
esa reforma penal.
Otras entidades políticas y movimientos
de desocupados criticaron que se dejaba la hendija abierta para criminalizar
sus protestas. En efecto, si se iba a penar como delito terrorista el
“aterrorizar a la población”, bien podía imputarse a quienes con sus caras
tapadas y gomas prendidas en una esquina, con algún palo en la mano,
“infundieran temor” en los transeúntes, bajo el peso mediático y de Mauricio
Macri, que presentaba esas acciones como “violentas”.
Las prevenciones contra esa demonización
de los conflictos sociales no eran superfluas. Varios militantes del Movimiento
Teresa Rodríguez, entre ellas su dirigente Roberto Martino, fueron procesados y
detenidos por realizar un acto de repudio al Estado de Israel que masacraba
palestinos. ¿No había metido la cola ese aspecto de la normativa, la que pena
la propagación del “odio étnico, religioso y político”? Los argumentos de la
fiscalía tenían ese sustento porque acusó a Martino y sus compañeros de ser
“violentos y antisemitas”.
Entre quienes votaron por la afirmativa
de la ley hubo diputados con posiciones progresistas y democráticas, como
Juliana Di Tullio, Diana Conti, Vilma Ibarra, Gerónimo Vargas Aignasse, etc.
Miguel Bonasso se animó a votar por la negativa. Remo Carlotto y Carlos Kunkel
se ausentaron de la votación, quizás para no tener que oprimir el botón del Sí.
Como sea, 101 contra 35, la idea de la Casa Blanca se patentó ley argentina.
Grupo A y el gobierno
Pese a contar con tres leyes
antiterroristas, el imperio y el GAFI no se dieron por satisfechos. En 2010, en
el marco de las fricciones políticas y económicas con el gobierno de Cristina
Fernández por su negativa a que el FMI tuviera injerencia en la negociación con
el Club de París, Obama volvió a presionar a Buenos Aires. El argumento fue que
el sistema financiero argentino presentaba grietas susceptibles de ser
aprovechadas por organizaciones terroristas.
No había tal riesgo. En 2011 el mayor
peligro del sistema financiero local era servir de pantalla para girar al
exterior millones de dólares, disimulados como remesas de dividendos y
utilidades. Ese fue el drama, que redondeó hasta setiembre de este año la
increíble suma de 18.351 millones de dólares.
La oposición derechosa vio en el lobby
norteamericano una oportunidad para colarse. Y el 31 de julio de 2010 presentó
-por medio de legisladores peronistas federales, radicales, CC y macristas-, un
proyecto propio de ley antiterrorista obediente del GAFI. Había que ser un país
serio. Había que insertarse en el mundo. Había que portarse bien, para recibir
créditos e inversiones extranjeras.
Ese libreto opositor no prosperó, pero
esas bancadas pueden decir que son la madre de la criatura, porque el 14 de
octubre último, a una semana de las presidenciales, el oficialismo presentó su
cuarta ley antiterrorista, peor que la de sus detractores y la de 2007. Es peor
porque califica como delito de terrorismo aún sin que su autor tuviera
pertenencia a una organización tipificada como tal.
Es muy grave que la iniciativa duplique
la pena a cualquier delito previsto en el Código Penal si tuviera por fin
infundir terror en la población u obligar a un gobierno a tomar medidas o
abstenerse de adoptar determinada decisión. El GAFI plantea lo mismo, pero en
un conflicto armado, mientras que el borrador argentino mantiene esa redacción
aún sin guerra. Es más papista que el papa.
La futura ley dejaría a salvo los hechos
de protesta social y emanados del ejercicio del derecho constitucional. Sin
embargo, Verbitsky advirtió en tono crítico: “a esta confusión, incompatible
con los requisitos primordiales del derecho penal, se suman ahora los conceptos
abiertos e imprecisos del proyecto, que permitirían utilizar el agravante de
terrorismo a la resistencia a desalojos, cortes de vías de circulación o meros
actos de protesta en el espacio público. La pena prevista para una usurpación
pasaría a ser de 1 a
6 años si se considera que tiene finalidad terrorista, con el riesgo de la
prisión efectiva”.
HV pidió en su columna dominical
(Página/12, 11/12), que el asunto no se trate en extraordinarias, para
debatirlo mejor y recibir todas las opiniones. Por lo visto la presión imperial
fue más efectiva. El PEN admitía en sus considerandos que “es preciso adecuar
la normativa nacional a las transformaciones registradas a nivel global y a los
más elevados estándares internacionales”.
Es poco recomendable un periodismo auto
referencial. Pero después de haber citado a otros colegas, se puede recordar cómo
terminaba la nota de este cronista, cuatro años atrás: “El Departamento de
Estado expresó sus plácemes por la tercera ley pero ya quiere una cuarta, sobre
tráfico de personas. Después vendrá la quinta y luego la sexta”. Tal cual.
Conservar la silla en el G-20 tiene sus obligaciones…
PC Argentina:Por la
derogación de la ley antiterrorista
El PC afirma que la ley 26.268 es una rémora
de los tiempos de las “relaciones carnales” con el imperialismo norteamericano.
Y rechaza el proyecto del Poder Ejecutivo enviado el 13 de octubre al
Parlamento.
El Partido
Comunista reitera su propuesta de derogar la ley denominada “antiterrorista” nº
26.268, verdadera rémora de los tiempos de las “relaciones carnales” con el
imperialismo norteamericano y se pronuncia en contra del proyecto enviado al
Parlamento por el Poder Ejecutivo el 13 de octubre, ya que agrava el contenido
antidemocrático y represivo de aquella ley al establecer la duplicación de las
penas contempladas en la misma. Junto a ese rechazo, el Partido Comunista
propone abrir un amplio debate sobre la necesidad de adecuar el Código Penal a
los valores proclamados de respeto irrestricto de los derechos humanos e
integración latinoamericana.
El 13 de octubre,
el Poder Ejecutivo de la Nación, envió al recinto legislativo un proyecto de
agravamiento de la llamada ley antiterrorista 26.268; sancionada -contra la
opinión mayoritaria de los organismos de derechos humanos y numerosas fuerzas
populares- en 2007, so pretexto de cumplir con requerimientos del GAFI (Grupo
de Acción Financiera Internacional), uno de los organismos de la órbita del
Fondo Monetario Internacional, potenciados luego de la declaración de guerra
“al terrorismo” por parte del gobierno de los EE.UU. Precisamente en momentos
en que dichos organismos son denunciados por su responsabilidad en la severa
crisis mundial capitalista con sus consecuencias antipopulares y por ello
repudiados por amplios sectores sociales de Europa, Asia y América Latina y
algunos gobiernos, entre los que se encuentra el argentino, encabezado por
Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Fue la lógica de
la lucha contra el terrorismo, concepto ambiguo y peligroso en que se basa la
Ley, lo que en su momento permitió la expulsión del país de seis campesinos
paraguayos que desde entonces permanecen encerrados en pésimas condiciones en
la Cárcel de Tacumbú de Asunción del Paraguay. La experiencia de todo el siglo
XX, desde la sanción de la tristemente célebre Ley de Residencia 4144 de 1902
hasta la nefasta Ley 20840 de “Seguridad Nacional”, nos enseñó en carne propia
que nunca es gratuito sancionar una ley basada en una lógica represora y
macartista: los espacios democráticos comienzan a reducirse, las fuerzas
derechistas y nostálgicas del Terrorismo de Estado se envalentonan y los jueces
conservadores y anticomunistas sienten que cuentan con un instrumento de control
social y represión que podrán usar en el momento que la situación lo amerite y
las condiciones lo permitan.
El actual
proyecto del Ejecutivo se autocritica de no haber sido más drásticos en la Ley
del 2007, y al proponer duplicar las penas lo hace de un modo tal que modifica
la “parte general” del Código Penal por lo que la reforma propuesta “teñirá”
todos los delitos contemplados en la “parte especial”. Para ser precisos:
proponen modificar el artículo 41, añadiéndole un párrafo, el 5º, que establece
el doble de la pena prevista si el delito se considera cometido por una
organización terrorista, con lo que se sigue haciendo a nuestro Código Penal
cada vez más inequitativo (las penas por participar en un reclamo social que
sea calificado como producto de una “asociación ilícita terrorista”, figura
creada por la Ley 26268 del 2007 serán superiores a muchos delitos como por
ejemplo el de homicidio simple), generando una secuencia de judicialización y
criminalización de la protesta social, lo que podría provocar una sobre
saturación de la población carcelaria, haciendo entrar en crisis una estructura
que se mantiene al margen de los cambios habidos en las Fuerzas Armadas y
atentaría contra la doctrina de no reprimir la protesta social; por el
contrario, las cárceles podrían convertirse en espacios de violaciones,
discriminaciones, humillaciones y la más sistemática negación de los derechos
humanos consagrados en la Constitución Nacional y en los innumerables Pactos
Internacionales firmados por la Argentina.
En su momento, el
Gobierno Nacional convocó a un conjunto de académicos y personalidades
relevantes del Derecho Penal a pensar una propuesta integral para superar casi
un siglo de vigencia de un Código basado en una lógica clasista, sexista,
represora y macartista, agravado por más de ochenta reformas parciales
inconexas que culminaron en las reformas Blumberg. Dicha propuesta conocida por
el nombre del penalista que coordinó el trabajo, el Dr. Baigun, fue retirada
del debate al primer “clarín” de protesta de la derecha.
Por lo tanto, el
Partido Comunista considera imprescindible abrir el debate a la sociedad, a los
organismos de derechos humanos y movimientos sociales, a las fuerzas políticas
democráticas para avanzar en dirección a una superación del Código Penal
vigente, a la derogación de una legislación heredada de los tiempos de la
Guerra Fría, como la doctrina de la Seguridad Nacional y terminar con los
enfoques represores neoliberales, ahora potenciados por la doctrina plasmada en
el Acta Patriótica de 2001 sancionada por el Gobierno de los EE.UU. como
declaración de guerra contra los pueblos que se rebelen total o parcialmente a
su dominio.
La práctica de
asesinar, inclusive en territorio neutral o después de su rendición, a todo
tipo de opositores reales o potenciales de los Estados Unidos (Cano, Reyes, Ben
Laden, Khadafi, entre muchos miles de víctimas anónimas) anuncia que esta
estrategia está llegando al momento de su transformación en una práctica
sistemática y masiva de Terrorismo de Estado mundial. En consecuencia,
subordinar nuestro Código Penal a esa lógica sería suicida para la democracia
argentina y los propios objetivos de soberanía e integración regional
proclamados por la Presidenta Cristina Fernández al momento de su asunción para
cumplir con el nuevo mandato otorgado por la mayoría de nuestro pueblo.
PARTIDO COMUNISTA de ARGENTINA
Buenos Aires, 11 de
diciembre de 2011